Expediente: PE-12972-2016
Tribunal: Superior Tribunal de Justicia
Competencia: Recursiva
Fecha: 01/12/2016
Libro de Acuerdos: 1
N° de Registro: 72

Voces Jurídicas
PELIGROSIDAD DEL IMPUTADO; PRISION PREVENTIVA; PELIGRO PROCESAL;

(Libro de Acuerdos N° 1, F° 258/265, N° 72). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los un días del mes de Diciembre del año dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de la Sala II-Penal de este Superior Tribunal de Justicia, Dres. Laura Nilda Lamas González, José Manuel del Campo y Federico Francisco Otaola por habilitación, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº PE-12.972/2016, caratulado: “RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO EN EL EXPTE. Nº C-121/16 (Cámara de Apelaciones y Control) RECURSO DE APELACIÓN en subsidio interpuesto por el DR. LUIS HERNÁN PAZ en el Expte. Nº P-129.652-XX/16 (JC Nº 3-FIP Nº 1) en Expte. Ppal Nº P-129.652/16, S., M. A. A.; N., J. O.; B., M.; S., M. I. p.s.a de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión; T. P., P. Y G., M. I. p.s.a fraude a la administración pública(catorce hechos en concurso real) T., O. I. Y OTROS p.s.a. fraude a la administración pública en Ciudad.”, del cual:

La doctora Lamas González dijo:

I.- El 28 de Abril de 2016, el Sr. Juez de Control Nº 3 (por habilitación) dictó Auto de Prisión Preventiva en contra de M. A. Á. S., por haber encontrado acreditados –hasta esa instancia- los requisitos establecidos en los Arts. 318, 319 Inc. 1º y ccs. del Código Procesal Penal.

Deducido por la defensa de la encartada Recurso de Apelación en contra del mencionado pronunciamiento, el 2 de Septiembre de 2016, la Cámara de Apelaciones y Control resolvió –por unanimidad- rechazar el mismo, y en consecuencia, confirmar el interlocutorio cuestionado.

En desacuerdo con aquella decisión, el Dr. Luis Hernán Paz, defensor de la inculpada, dedujo Recurso de Casación, que mediante providencia de fecha 19 de Septiembre de 2016 Presidencia de Trámite de la Alzada, fue declarado mal presentado, según la interpretación efectuada por aquél de los Arts. 457, 458 y 463 del Código de Forma, teniendo en cuenta que -a su juicio- la resolución impugnada no resultaba susceptible de ser recurrida por casación conforme la normativa vigente.

II.- Disconforme con lo resuelto, el mencionado profesional interpuso Recurso de Inconstitucionalidad, con el objeto que se revoquen los pronunciamientos impugnados y la resolución del Juez de Grado por la que se dictó el Auto de Prisión Preventiva de M. S., el 28 de Abril de 2016.

Luego de reseñar lo acontecido en las anteriores instancias, el ahora recurrente se explaya sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia del remedio procesal tentado, haciendo expresa referencia a que -a su modo ver- la resolución recurrida le ocasiona a su parte un gravamen irreparable en cuanto confirma la privación preventiva de la libertad personal de la encartada, sin que se hayan observado los presupuestos que la legitiman.

Expone que en la imputación de M. A. Á. S., se encuentran ausentes tanto la plena prueba de la existencia del delito como la semiplena prueba de su culpabilidad, lo que permite inferir que la privación de la libertad de aquella constituye una situación que mucho dista de la que se producirá una vez concluido el proceso.

Manifiesta que el decisorio impugnado es arbitrario en tanto el Juez prescindió de la norma aplicable al caso, dando como fundamentos de la decisión pautas de excesiva laxitud sin meritar los Arts. 318 y 319 del C.P.Penal que exigen -entre otras cuestiones- que se acredite el peligro de fuga y la obstrucción de la prueba para el dictado de la medida procesal ahora en crisis.

Se agravia -además- por cuanto considera que el pronunciamiento evidencia una colisión entre los fundamentos normativos y fácticos, sustentándose en afirmaciones dogmáticas, exceso de rigor ritual y autocontradicción, los cuales surgen de la incoherente subsunción del contexto empírico en los preceptos normativos invocados por el A quo y a los que remite la Cámara revisora. Menciona como ejemplo de lo expuesto, la valoración efectuada por aquellos respecto del peligro de fuga, afirmando que su defendida se puso inmediatamente a disposición de la Justicia y que, dado su conocimiento público, no solo no tiene voluntad de sustraerse de la actuación de aquella, sino que esta posibilidad es materialmente inviable.

Refiere que el Ad quem se apartó de lo prescripto por el Art. 176 del C.P.Penal -que impone el deber de motivar las resoluciones judiciales- no habiendo contestado ninguno de los planteos efectuados por su parte, sosteniendo que con tal proceder -a su juicio-, se ha neutralizado y vulnerado la garantía fundamental de la imputada a una revisión amplia de la sentencia, consagrada expresamente en los Arts. 8.2.h) de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C.y P. (sic).

Alega que se han incumplido los presupuestos legalmente establecidos para el dictado de la prisión provisional, para luego efectuar una extensa narración del contexto fáctico de la causa, haciendo expresa mención a las denuncias que originaron los autos principales, a los expedientes administrativos oportunamente incorporados a los autos originarios y a la declaración de la imputada M. B.

Insiste en que no se ha observado lo preceptuado en los Arts. 27 Inciso 2 de la Constitución de la Provincia y 318 del C.P. Penal, ya que -a su juicio- no existe de ningún modo plena prueba de las conductas delictivas imputadas a su defendida, menos aún, semiplena prueba de su culpabilidad, aseverando que no existe indicio alguno que el accionar de S. pueda ser subsumible en los tipos penales endilgados a aquella.

Indica que tampoco se ha cumplido lo establecido en el Art. 319 del C.P.Penal, reiterando que -a su modo de ver- no existe riesgo alguno de fuga por parte de su defendida ya que no hay duda de su arraigo en el país, no tiene facilidad para abandonarlo ni permanecer oculta y porque la actitud de la encartada con respecto al proceso fue siempre la de someterse a la investigación penal y estar a disposición de la justicia.

Afirma que -en el presente caso- tampoco existe peligro de obstrucción de prueba por cuanto ya se cumplieron numerosos allanamientos en el domicilio de S. y de personas allegadas a ella, exponiendo que –en su entender- no resulta correcto valorar sobre esta cuestión -como lo hizo el Magistrado de Control- las tres órdenes de detención que pesaban sobre la imputada, máxime si en aquellas tres causas no existe auto de prisión preventiva.

Por último, formula reserva del caso federal y de recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyendo con su petición.

III.- Integrado el Tribunal conforme a lo dispuesto en la Acordada Nº 11/16, habiendo emitido dictamen el Sr. Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación y encontrándose estos autos en estado de resolver, corresponde expedirse sobre la cuestión traída a conocimiento.

IV.- Como punto de partida, dadas las particularidades tanto de la resolución impugnada como del planteo recursivo en análisis, corresponde -en primer lugar- abordar la cuestión de la vía originariamente tentada por la defensa de la imputada para cuestionar el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones y Control; esto es, el Recurso de Casación.

Al respecto, considero que si bien es cierto que el mencionado remedio procesal efectivamente no procede en contra de la resolución de esa Alzada por imperio de los Arts. 457, 458, 461 y ccs. del C.P.Penal, no lo es menos que atento lo expresamente normado por los Arts. 176 párrafo 3ro. y 464 del citado cuerpo de normas, el rechazo del medio de impugnación correspondía se disponga en pleno por el Tribunal, y no por simple decreto de Presidencia de Trámite, como ocurrió en la causa de origen.

V.- Así las cosas, no obstante las irregularidades apuntadas, advirtiendo que en este caso se encuentra en tela de juicio nada menos que la procedencia de una medida de coerción personal que restringe la libertad ambulatoria de la imputada, derecho de raigambre constitucional conforme las previsiones expresas del Art. 27.2 y 3 de la Constitución Provincial; Art. 18 de la Constitución Nacional; Art. 9 de la D.U.D.H.; numerales 1, 2 y 3 del Art. 7 de la C.A.D.H.; Art. 9.1 del P.I.D.C.y P. y demás normas concordantes, corresponde abordar -a criterio de la suscripta- el fondo de la controversia, siguiendo las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a que toda decisión que restringe la libertad personal del encartado con anterioridad al dictado de la resolución final de la causa se equipara a una sentencia definitiva, y por lo tanto afecta un derecho que exige tutela inmediata (Fallos: 290:393; 307:549; 308:1631; 310:1835; 314:791; 316:1934; 320:2105; 325:3494, 327:954 y 5048; en igual sentido en el caso D.199.XXXIX "Di Nunzio, Beatriz Herminia s/excarcelación causa Nº 107.572", resuelta el 3 de mayo de 2005 y sus citas del mismo Tribunal).

También -como lo viene sosteniendo esta Sala (L.A. N° 1, F° 19/22, N° 8; L.A. Nº 1, Fº 102/106, Nº 32; L.A. Nº1, Fº 115/120, Nº 36; L.A. Nº 1, Fº 150/155, Nº 46; L.A. Nº 1, Fº 156/160)- debemos meritar que por mandato constitucional, las medidas de coerción previstas en nuestro ordenamiento procesal se encuentran concebidas como excepcionales, dado que la situación de libertad del encartado durante la tramitación de la causa resulta la regla (Arts. 6, 304, 305 y ccs. del C.P. Penal), ello en consonancia con las exigencias establecidas por los Tratados Internacionales que rigen la materia que hemos referido precedentemente, los cuales forman parte del bloque de constitucionalidad por imperio del Art. 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna. Estos extremos, como así también el carácter instrumental de la coerción personal del imputado -en tanto no representa un adelantamiento de pena- ya ha sido reconocido -también- por el Alto Tribunal de la Nación in re “Merlini, Ariel O. s/ p.s.a. estafa procesal” (M. 960, L. XLVIII), replicado en Loyo Fraire, Gabriel Eduardo (L. 196. XLIX), donde se han expuesto con claridad los presupuestos que deben presentarse para la procedencia y mantenimiento de la prisión preventiva.

Ahora bien, todas estas normas y precedentes, expresamente admiten la restricción de la libertad personal con carácter cautelar y previo al dictando de la sentencia condenatoria, como un medio idóneo e instrumental para neutralizar los peligros que puede tener la libertad de la persona que lleven a que se impida el descubrimiento de la verdad, por una parte, y la actuación de la ley sustantiva, por la otra (MAIER, Julio; "Derecho Procesal Penal"; T. I – pág. 510 y ss.; Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2001).

VI.- En esa inteligencia, corresponde en esta instancia examinar si la resolución que confirma la decisión del Magistrado de Control, cumple con las exigencias y recaudos previstos por la normativa de orden formal y sustancial vigente en la materia, a la luz de lo preceptuado en los Arts. 318, 319 y ccs. del Idem, pautas que deben ser conjugadas necesariamente con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya referida. Ello, a los fines de poder determinar en este caso concreto, la efectiva existencia y configuración de riesgo procesal que habilita la procedencia de la medida de coerción ahora cuestionada, siendo menester valorar, por una parte, la gravedad del delito atribuido a la inculpada, como así también los indicios concretos de peligrosidad procesal que surgen de las constancias de autos.

6.1.- En ese orden de ideas, como lo han explicitado tanto el A quo como el Ad quem, la calificación legal de los delitos atribuidos a S.; esto es, Asociación Ilícita, Fraude a la Administración Pública y Extorsión, previstos en los Arts. 210, 174 inc. 5º y 168 respectivamente, del C.Penal (a fs. 461/472 del principal), nos sitúa en el supuesto contemplado en el inciso 1º) del Art. 319 del C.P.Penal, que expresamente faculta al Juez –a requerimiento del Agente Fiscal- a proceder al dictado de la medida de coerción ahora cuestionada. Ello es así, ya que en el supuesto de recaer condena, la misma será de cumplimiento efectivo, dado que el pronóstico punitivo que enfrenta la ahora recurrente, no habilitaría -eventualmente- la condena de ejecución condicional.

Consecuentemente, la imputación que pesa sobre S., constituye una de las pautas a tener en cuenta para analizar la cuestión sometida a conocimiento de este Cuerpo. Como bien lo sostiene el Sr. Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación en su dictamen, no podemos desconocer que los delitos que se investigan en esta causa revisten una especial gravedad por cuanto se le atribuye a aquella el aprovechamiento privado de fondos pertenecientes al Estado.

La indiscutible gravedad de los delitos y el pronóstico punitivo que enfrenta la imputada -entonces- constituyen un primer parámetro para sostener la solución a la que arriban los Magistrados de las instancias anteriores. Sin embargo, como bien lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos “...las características personales del autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva” (“Bayarri vs. Argentina”, sentencia de fecha 30 de octubre de 2008). Razonar en contrario, implicaría violentar los principios ya enunciados supra, desnaturalizando así la finalidad de las medidas de coerción, las que funcionarían como un verdadero adelantamiento de pena.

Ello en tanto, la prisión preventiva cumple una doble función en nuestro ordenamiento jurídico, ya que por un lado, se la concibe como un instituto cautelar para garantizar la comparencia del inculpado durante las diversas etapas de la causa, y por el otro, como un medio idóneo para asegurar la prueba, todo ello en aras de permitir el esclarecimiento de los hechos investigados y la actuación de la ley penal.

6.2.- Resta determinar -ahora- si en el caso sub examine, se presentan indicios concretos de peligrosidad procesal entendido éste como la posibilidad de afectar los fines del proceso. Como es sabido, la configuración del mismo puede surgir del peligro de fuga de la encartada, como así de la obstaculización que pueda causar en el curso del proceso, pudiendo afectar -con su accionar- el descubrimiento de la verdad real.

Sobre este tópico, reparo en los siguientes aspectos que constituyen verdaderos obstáculos para la revocación de la Prisión Preventiva que peticiona la defensa. En primer lugar, la envergadura de la prueba colectada, su pertinencia y relevancia ha logrado alcanzar el grado exigido por el Art. 318 del C.P.Penal, en cuanto se refiere a la plena prueba de la existencia del delito y a la semiplena prueba de la culpabilidad de la encartada.

Además de ello, advierto otras circunstancias que me llevan a concluir que la soltura de la imputada, conllevará no solo el riesgo para asegurar que el fin del proceso se cumpla -esclarecimiento del hecho- sino el peligro que importa para los testigos por las actitudes intimidatorias que han debido -supuestamente- soportar, aún cuando la imputada se encontraba sometida a las medidas de coerción ordenadas.

Bien lo refiere el Sr. Fiscal de Investigación a fs. 7424/7429 de los autos principales -fundamentos que hago propios- al mencionar que: “En el caso, los denunciantes que anoticiaron de los ilícitos, y los testigos que depusieron ante los estrados de la investigación, dieron cuenta del funcionamiento de una estructura delictual montada por la imputada S., que recepcionaba fondos públicos con destino social y los desviaba para beneficio propio y de los integrantes de dicha Asociación Ilícita. Todos los declarantes fueron explícitos y contestes en manifestar el temor reverencial y fundado que le tenían a la prevenida nombrada y sus secuaces. Estas personas describieron en sus deposiciones, que la Sra. S., no solo los coaccionaba con quitarles los planes sociales, horas de capacitación, viviendas y las obras de las cuales dependían el sustento diario de innumerables familias jujeñas, sino que también citaba hechos delictuales perpetrados oportunamente por ella misma y sus secuaces, y estas circunstancias denotaron la seriedad en el sentido de la posibilidad de concreción de dichas amenazas, por su efectiva dominabilidad. Lo antes descripto, se encuentra plasmado en las ampliaciones de denuncia y declaraciones testimoniales obrantes en autos...” señala el funcionario, enunciando -entre otras cuestiones- las siguientes:

Ampliación de Denuncia de L. J. B. (fs. 354 y vta.)...donde ante la pregunta si puede precisar concretamente si fue amenazado directamente por la Sra. M. S. o a través de otra persona, dijo: que personalmente en una oportunidad cuya fecha no precisa me manifestó si no facturás te va a pasar lo mismo que a C.…vas a ir a pasear al dique…, en referencia que me va a llevar al dique y que me va a golpear. Que también accedí a entregar las facturas para proteger a mi familia, porque hay experiencias de otros que fueron agredidos…”.

Ampliación de Denuncia de A. C. R., (fs. 355 y vta.). Referido al motivo por el cual accedió a realizar este tipo de operatorias y quién disponía este tipo de operatorias, el testigo dijo: en primer lugar por temor a las represalias contra su persona física, y la de su familia, y también por temor a ser perjudicado en su cooperativa y a su asociación civil Pan y Trabajo…” “durante las reuniones que realizaba M. S., con los cooperativistas siempre elegía a dedo a los cooperativistas y les exigía que entreguen las facturas para que ella las llenase y poder presentarlas en distintos organismos, y que siempre amenazaba si no facturan los voy a hacer cagar, y que siempre estaba acompañada de otras personas de sexo masculino como seguridad, que rodeaban a todos los cooperativistas…”.

Ampliación de denuncia de J. del C. G. (fs. 356 y vta.). Ante la pregunta por los motivos por los cuales accedían a entregar los cheques a M. S., J. N. y M. B., el testigo dijo que lo hacía porque la mecánica de trabajo y de entrega de obras a las cooperativas y los pagos eran establecidos por la Sra. M. S., quien en forma personal hacía reuniones y decía que si no trabajamos como ella decía no recibíamos ninguna obra y tampoco íbamos a ser recibidos por los ministerios y municipalidades sin el visto bueno de ello, que esto le pasó a M. C., que se fue de la red por no estar de acuerdo y la Sra. M. S. tomó represalia y le quitaron todos los beneficios de su organización y siempre los amenazaba con este tema refiriendo a Ud. quiere que le pase lo mismo que a C., asimismo quiere hacer constar que tiene miedo por su persona y su familia porque convive en el Barrio y es difícil salir…”.

Ampliación de Denuncia de C. O. C., (fs. 368/368 vlta.). Ante la pregunta por motivo por el cual accedía a realizar este tipo de operaciones, dijo: que lo hago por temor a ser agredido por M. S. y los hombres que la respaldan como seguridad, y temor a perder todos los beneficios de su cooperativa… ella siempre (se refiere a M. S.) nos dijo si estas adentro tenés las cosas si estas afuera no tenés nada. Aquél señaló además… sé de un compañero que se fue de la red de organizaciones llamado M. C. y M. S. se encargó de que no reciba apoyo de ningún Ministerio, le quitaron hasta los miembros de la organización, porque llamaron a la gente y le decían mentiras y quedó solo sin poder trabajar. Por eso tengo miedo de M. S., por el daño que puede causar y a mi familia…”.

Declaración de W. M. R., (fs. 5135/5137 vlta.). Ante la pregunta efectuada si era normal que las personas que integraban la red sufrieran violencia por parte de S., N. o C., dijo: que de J. N., B. C., no, pero sí de M. S., es más yo recibí un chirlo de parte de ella… a mi la Sra. M. S. me dijo, sé que tenés un hijo, a mi no me tiembla la pera para ponerle un fierro… mi hermano Y. L. R. es más sumiso… tenía miedo que le peguen un tiro…”.

Declaración de J. D. L., (fs. 5224/5225 vlta.). Preguntado por el motivo por el que realizaba dicha función y si podía negarse a cumplir la misma, dijo particularmente yo lo hacía porque… nos quitaban algún beneficio que tenía en la organización, la quita de esos beneficios dependía de M. S., M. o J. pasaba los informes y decían quién cumplía y quién no…”.

Declaración de O. J. M. M. (fs. 5500/5501 vlta.) “que él trabajaba para la organización Marina Vilte durante el 2011 hasta principios de diciembre del 2015, que trabaja como capacitador, daba clases de apoyo, doce horas semanales, además íbamos a cortar yuyos y a veces nos mandaban a la construcción, después de eso nos hacían participar de las movilizaciones, nos obligaban a ir, yo no participaba mucho, pero J. N. nos obligaba nos decía que teníamos que ir porque para eso les daban las capacitaciones, si no íbamos nos quitaban las capacitaciones, lo mismo pasó con los cheques, si no íbamos nos amenazaba J. N., nos decía que si no íbamos a cobrar los cheques nos iban a dar de baja…”.

Declaración de R. F. Z., (fs. 5147/5148 vlta.) “...siempre nos decía M. C. que si no íbamos o no nos presentábamos nos iban a dar de baja en la capacitación…”.

Continúa expresando el Sr. Fiscal: “…que las declaraciones supra, dan cuenta de un entramado destinado a infundir temor por la pérdida de determinados beneficios, con los que contaban los integrantes de la organización que cumplían a rajatabla las órdenes de S., y las consecuencias adversas de aquellos que cuestionaban su poder. Cabe destacar que estas circunstancias fueron dadas a conocimiento, precisamente por personas que defeccionaron de la organización, de allí, que la imputada S., por el alto nivel de organización de la red de organizaciones sociales, tiene un acabado y preciso conocimiento de todos los integrantes, con mayor razón de aquellos que defeccionaron, y declararon en su contra en las causas que se iniciaron justamente en su contra.”

“En idéntico sentido, las ratificaciones de denuncias obrantes a fs. 21/23, 24 y 25 vta., 26/27, 28/29, 30/31, 33/34, 36 y 36 vta., 37/38, 39 y 39 vta., 40/41, 43 y 43 vta., 44/45, 46/48 y 130/132 en el expte. Nº P-131-113/16 caratulado: “C., M. S.; C., E. B.; C., A. y L., M. G., p.s.a. de Fraude a la Administración Pública y Extorsión en Concurso Real – Palpalá” -señala el Sr. Fiscal- “el cual a la fecha se encuentra acabadamente acreditado el verticalismo practicado en la asociación ilícita cuyo vértice superior es la imputada S., y que en el caso puntual de la Ciudad de Palpalá, la misma impartía sus órdenes hacia las imputadas antes nombradas, siendo estas las que las ejecutaban para los cooperativistas con amenazas extorsiones en nombre propio o de su jefa, ya que todas son contestes en afirmar que “si no cumplen con las órdenes impartidas, entre ellas, facturar, ir al banco a cobrar cheques para luego entregarles el dinero, concurrir a la movilizaciones, e ir a la carpeada en plaza Belgrano a fines del año 2.015, perderían los beneficios como ser viviendas, planes sociales, horas de capacitación y bolsones.”

Deberá tenerse en cuenta, sigue diciendo el Sr. Fiscal “...que los presupuestos sobre los cuales se dictó la primer cautelar en la presente causa, no solo que no variaron, sino que aumentaron cualitativa y cuantitativamente, a medida que se fueron incorporando sobrados elementos probatorios que reafirman que será efectivo el riesgo procesal y el entorpecimiento del accionar de la Justicia si la imputada S. recupera su libertad.”

Desde otra perspectiva, tampoco puedo soslayar las condiciones y circunstancias personales de la imputada y su influencia –reitero- en la marcha regular del proceso, extremos que fueron correctamente valorados por el A quo en el auto de fs. 4663/4672 de la causa de origen, donde refiere: “...el liderazgo o dirección que detenta la nombrada [S.] en todos aquellos emprendimientos que abarca la organización que integra, circunstancia que evidentemente acrecienta las posibilidades de que intente eludir el accionar de la justicia y con mayor razón pueda obstruir la presente investigación, que la misma tiene relación directa con las actividades llevadas a cabo por la Organización Barrial Tupac Amaru y cooperativas relacionadas con ésta, resultando denunciantes numerosos integrantes de las mismas cooperativas...”.

Bajo estas circunstancias no puedo soslayar las mencionadas condiciones subjetivas de la encausada y su específica y concreta incidencia en los testigos llamados a prestar declaración -libre de presiones o intimidación- narrando los hechos con plena buena fe y con el propósito honesto de decir la verdad, como lo afirmara el Maestro Florian.

Finalizo sosteniendo que existen peligros concretos de peligrosidad procesal, debidamente acreditados en este caso, cuyas circunstancias y aspectos esenciales he referido y ello configuran los “indicios concretos” exigidos por la C.S.J.N. al expedirse en los precedentes supra mencionados. En ese entendimiento, concluyo que la pretensión recursiva de la defensa debe ser rechazada. En efecto, considero que el razonamiento del Sr. Juez de Control -cuyos argumentos fueron replicados por la Cámara de Apelaciones y Control- se ajusta a derecho y a las constancias agregadas en estos obrados, debiendo recordarse –por su pertinencia y aplicabilidad al sub lite- que: “...la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional (función cautelar que es la única constitucionalmente admisible), y que sólo puede tener fines procesales: evitar la fuga del imputado y la frustración o entorpecimiento de la investigación de la verdad.” (Cámara Nacional de Casación Penal; Causa Nº 16.850 –S. IV- C.F.C.P. “AGUIRRE, Jonathan Daniel s/ recurso de Casación; Registro Nº 537.4), extremos éstos suficientemente demostrados conforme lo desarrollado líneas arriba.

VII.- Reconociendo entonces que, en la especie, la medida de coerción resulta legítima, razonable y proporcionada, corresponde rechazar el Recurso de Inconstitucionalidad deducido por el Dr. Luis Hernán Paz en ejercicio de la defensa técnica de M. A. Á. S.; y en consecuencia, confirmar la resolución de fecha 2 de Septiembre de 2016, dictada por la Cámara de Apelaciones y Control. Las costas de esta instancia deben ser impuestas a la recurrente en su carácter de vencida (Art. 102 del C.P.Civil). Propongo regular los honorarios profesionales del Dr. Luis Hernán Paz en la suma de pesos dos mil ochocientos ($2.800) por la labor desarrollada en esta instancia, de conformidad a lo dispuesto por Acordada Nº 96/16 de este Superior Tribunal de Justicia, suma a la que deberá adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), si así correspondiera. Tal es mi voto.

Los doctores del Campo y Otaola adhieren al voto que antecede.

Por ello, la Sala II-Penal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

RESUELVE:

1º) Rechazar el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Luis Hernán Paz en el ejercicio de la defensa técnica de M. A. Á. S., y en su mérito, confirmar la resolución de fecha 2 de Septiembre de 2016, dictada por la Cámara de Apelaciones y Control.

2º) Imponer las costas a la recurrente vencida.

3º) Regular los honorarios profesionales del Dr. Luis Hernán Paz en la suma de pesos dos mil ochocientos ($2.800), conforme Acordada Nº 96/16; con más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), si así correspondiera.

4º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dra. Laura Nilda Lamas González; Dr. José Manuel del Campo; Dr. Federico Francisco Otaola.

Ante mí: Dr. Vicente Ignacio Apaza – Secretario Relator.