Expediente: CF-15634-2019
Tribunal: Superior Tribunal de Justicia
Competencia: Recursiva
Fecha: 13/03/2020
Libro de Acuerdos: 5
N° de Registro: 86

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Voces Jurídicas
ABUELOS; DEBER DE PRESTAR ALIMENTOS; SUBSISTENCIA DEL ALIMENTANTE;

TEMAS: DEBER DE PRESTAR ALIMENTOS. ABUELOS. OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA. SUBSISTENCIA DEL ALIMENTANTE.

Libro de Acuerdos Nº 5, Fº 351/356, Nº 86. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, reunidos los Señores Jueces de la Sala I, Civil y Comercial y de Familia, del Superior Tribunal de Justicia, doctores Beatriz Elizabeth Altamirano, Sergio Marcelo Jenefes y Clara Aurora De Langhe de Falcone, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº CF-15.634/19 “Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-095.667/2017 (Tribunal de Familia -Sala II- Vocalía 6) Alimentos: Z., R. D. c/ A., H.; del cual,

La Dra. Altamirano, dijo:

La Sala Segunda del Tribunal de Familia, mediante sentencia dictada en fecha 15/04/19, resolvió rechazar la demanda interpuesta por R. D. Z. en contra de H. A.; impuso costas por el orden causado y reguló los honorarios profesionales.

Para decidir de tal manera, y en lo que estrictamente interesa a la presente cuestión recursiva, el Tribunal expresó en primer término que quien ha tenido hijos asume el deber de proveer a sus necesidades.

Refirió a los Arts. 646 y 658 del Código Civil y Comercial, que imponen el deber alimentario a los padres –como derivación de la responsabilidad parental- correspondiéndoles realizar todos los esfuerzos necesarios en procura de hacer frente a la manutención de sus hijos, conforme su condición y fortuna.

Manifestó que en caso de incumplimiento o imposibilidad de los principales obligados, la responsabilidad recae sobre los abuelos. Agregó que el fundamento de dicha obligación está dado por el principio de solidaridad familiar.

Advirtió -luego de realizar un análisis pormenorizado de las pruebas aportadas- que el Sr. A. “presenta una discapacidad funcional con diagnóstico de anormalidades en la marcha y movilidad, gonartrosis primaria bilateral, lo que le impide realizar cualquier tipo de actividad” (sic).

Señaló que el padre de los niños, al retirarse del hogar conyugal, dejó instalado un mini mercadito con todos los elementos necesarios para que continuara siendo explotado (con la habilitación comercial pertinente) y quedó en manos de la actora.

Resaltó que el hecho mencionado previamente no fue negado por la Sra. Z., como tampoco que la casa que habita con sus hijos fue fruto del esfuerzo y trabajo de muchos años junto al padre de los niños.

Mencionó que “del informe social agregado a fs. 69/70 surgió que la actora reside en el domicilio denunciado como domicilio conyugal, que dicho domicilio cuenta con todos los mobiliarios necesarios para la familia y que tiene instalado un negocio bien abastecido en toda la esquina de la casa, con una gran concurrencia de clientes” (sic).

Destacó que la Asistente Social interviniente observó que la actora tenía a su disposición un automotor de propiedad de G. A. y que del informe que rola a fs. 221 surgió que trabaja en forma independiente, que posee una carnicería y despensa en su domicilio y, además que percibe asignaciones universales por hijos.

Aseveró que de la prueba hasta entonces reunida y de los dichos de las partes, se observó que la progenitora posee los medios necesarios para procurar los alimentos a sus hijos, más aún, cuando el padre brindó las herramientas necesarias para hacerlo.

Esgrimió, que ambos progenitores son personas jóvenes que no manifestaron tener enfermedades, ni impedimentos para redoblar sus esfuerzos y mejorar las condiciones económicas de los hijos.

Afirmó que el demandado es una persona de 80 años, con una discapacidad certificada por el Ministerio de Salud de la Provincia, que percibe un beneficio previsional del Anses, pero que ello es insuficiente para procurar su propio sustento; debiendo recurrir a la ayuda de una de sus hijas que le proporciona un lugar para vivir.

Indicó que el único ingreso mensual que percibe es su jubilación de $11.834,09, que no posee bienes inmuebles registrables, tampoco depósitos bancarios y por último que no registra actividad laboral de la que pueda inferirse la existencia de otros ingresos.

Reiteró, “aparece incontrastable que el caudal de ingresos del demandado resulta notoriamente insuficiente para atender a sus necesidades básicas impostergables y que mucho menos se encuentra en condiciones de proporcionar alimentos a sus nietos” (sic).

Dijo que la obligación en este caso se asimila a los alimentos entre parientes, por lo que comprendería sólo lo indispensable para la subsistencia.

Entendió que no se dan los presupuestos para que la solicitud de la actora sea factible; debiendo redoblar los esfuerzos para procurar que el progenitor cumpla con la prestación alimentaria de sus hijos.

En contra de este decisorio, a fs. 7/11 de autos la Dra. Graciela Mabel Garzón, en nombre y representación de R. D. Z., deduce recurso de inconstitucionalidad.

Se agravia expresando que el fallo viola el Art. 18 de la Constitución Nacional y demás Acuerdos Internacionales con jerarquía constitucional, debido a que se basa en pruebas totalmente arbitrarias y parciales.

Considera que la sentencia es infundada, ya que dejó de lado el derecho alimentario de 4 niños y una adolescente que se encuentra estudiando en la secundaria.

Señala que, desde la separación con el padre, su mandante se hizo cargo sola de los gastos del hogar (luz, agua, gas, canal, etc.) afrontando día a día las necesidades de sus hijos, tales como vestimenta, salud, alimentos, educación, esparcimiento, etc.

Manifiesta que antes de la crisis económica, vendía verduras, gaseosas, sándwiches, revendía mercaderías y de las ganancias de esa actividad llegaba a cubrir algunas de las necesidades de los hijos, pero no en su totalidad.

Explica que tiempo después se vio obligada a cerrar el negocio, debido a la notable merma de clientela por el uso de tarjetas de crédito o bonos de mutual.

Asegura que el progenitor siempre se negó a trabajar y manifestaba que no conseguía o que se encontraba enfermo; manteniendo siempre la misma actitud.

Asevera que las pocas veces que trabajó no aportó para el hogar y llegaba a la casa sin dinero, aun trabajando esporádicamente en época de cosecha en Catamarca, La Rioja, Mendoza.

Argumenta que se vio en la obligación de solicitar el embargo al abuelo paterno para proveer a sus hijos de alimentos, vestimenta, medicamentos, entre otras cosas.

Expresa que su representada negó la puesta en marcha del mercadito por parte del progenitor y que con el producido, alcance para el sustento familiar.

Niega además que la casa donde vive con sus hijos haya sido construida por G. A. T.

Afirma que la sentencia dejó de lado a N. A., quien actualmente tiene 19 años y cursa el 4to año de la secundaria.

Asevera que el progenitor siempre ha sido un irresponsable, nunca se ocupó ni sentimentalmente, ni económicamente de sus hijos; siendo un padre ausente que se burla del derecho alimentario y de sus obligaciones.

Brinda mayores argumentaciones jurídicas a las que remito en honor a la brevedad. Formula reserva del caso federal y peticiona.

Corrido traslado de ley, a fs. 20/23 comparece la Dra. Silvia Teresa Maurin, Defensora Oficial de Pobres y Ausentes, Titular de la Defensoría Civil Nº 2, en representación de H. A., solicitando su rechazo; mientras que a fs. 29/31 hizo lo propio la Dra. María Solange Pizarro –Defensora de Niños, Adolescentes y Personas con Discapacidad Mental-, en ejercicio de la representación complementaria que le corresponde por E. A. A.; A. N. A.; S. Z. A. y E. G. A., peticionando su rechazo por los fundamentos que expone, a los que remito para abreviar.

Cumplidos los demás trámites procesales, el Sr. Fiscal General emitió dictamen, aconsejando rechazar el recurso de inconstitucionalidad (fs. 43/46) por lo que el mismo se encuentra en estado de resolver.

Comparto los argumentos dados por el Ministerio Público Fiscal, los que hago propios y doy aquí por reproducidos. Adelantando opinión, estimo que el remedio procesal tentado debe ser rechazado.

Es que, de ninguna manera advierto absurdidad o arbitrariedad en la sentencia recurrida; no percibo desacierto de gravedad extrema que justifique revisarla.

En tal sentido, este Superior Tribunal de Justicia, en su anterior integración, sostuvo al respecto que “… como es bien sabido, el recurso ante esta Corte debe bastarse a sí mismo y resulta insuficiente invocar como causal de arbitrariedad la disconformidad del recurrente con el fallo, deben precisarse las causales en que se funda el recurso, demostrándose con claridad y apoyaturas suficientes cuáles son los vicios que tornan arbitraria la sentencia y en relación no sólo a las constancias de la causa sino también se debe precisar el supuesto derecho violado (cfr. L.A. Nº 38, Fº 797/800, Nº 332; Expte. Nº 4438/94: ‘Rec. de Cas. José Francisco Miranda c/ OSPAIL y otros”; CSN, Fallos 194-221; 303:1848)’ [del Voto de la Dra. De Langhe de Falcone en L.A. Nº 53, Fº 1945/1948, Nº 652].

Por otra parte, resulta conveniente recordar, que las decisiones en materia de alimentos son netamente provisionales, no revisten el carácter de definitivo, toda vez que la cuestión es pasible de ser tratada nuevamente; constituyen decisorios en los que la cosa juzgada reviste el carácter formal, pudiendo la cuota ser aumentada, disminuida o dejada sin efecto cuando se hayan modificado las circunstancias tenidas en vista al concederla. Tampoco puede soslayarse que tales cuestiones no pueden ser analizadas nuevamente por este Superior Tribunal de Justicia, por cuanto ello implica volver sobre temas de hecho y prueba, de exclusiva competencia de los jueces de la instancia ordinaria y, por lo tanto, ajenos -como regla y por su naturaleza- a esta instancia extraordinaria, máxime cuando el Tribunal ha expresado fundamentos suficientes de igual carácter que, más allá de su acierto o error, eliminan la tacha de arbitrariedad invocada.[1]

Por lo demás, los fundamentos expresados por el sentenciante respecto a las cuestiones debatidas, no sólo resultan suficientes para sustentar sus conclusiones sino que no han sido adecuadamente controvertidas por la quejosa, quien se limita a exteriorizar las discrepancias que los mismos le provocan, reiterando idénticos argumentos que en la instancia anterior. Su disconformidad es insuficiente para fundar la causal de arbitrariedad.

Sin perjuicio que lo precedentemente expuesto sería suficiente para desestimar el remedio tentado, considero que, de todas maneras, la pretensión de la Sra. Z., no puede tener favorable acogida, por los motivos que paso a desarrollar más abajo.

Es que, centrándonos en la relación de los padres e hijos, es claro que la obligación alimentaria de los abuelos corresponde sólo ante el incumplimiento alimentario de los obligados principales, los progenitores.

“Es cierto -y el Código da cuenta de ello- que no es lo mismo ser padres que ser abuelos. En principio los principales obligados a cumplir con el deber alimentario son los primeros … ¿Acaso si ambos progenitores cumplieran con el deber alimentario a su cargo en tiempo y forma sería viable peticionar, igual, contra los abuelos? La respuesta negativa se impone y la reforma da cuenta de ello”[2].

“Cabe precisar en esta oportunidad que, ‘cuando el reclamante es un niño o adolescente, el carácter subsidiario de la obligación alimentaria de los abuelos debe estar desprovisto de formalidades que la desnaturalicen, para dar lugar al aspecto sustancial y primordial de la cuestión: las necesidades del menor’”.[3]

Más aún, “‘la obligación alimentaria entre abuelos y nietos ha tenido una consideración especial tanto en doctrina como en jurisprudencia auspiciada por la relectura que impone el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Código tiene en cuenta todo este desarrollo por eso flexibiliza algunas consideraciones de la obligación entre parientes cuando se involucra a personas menores de edad y se debe acudir a los ascendientes por imposibilidad o dificultad de los principales responsables y obligados: los padres (…)’, sin perjuicio de señalar que, la subsistencia del alimentante –abuelo- no se puede poner en riesgo, cuando la obligación alimentaria resulta subsidiaria y los padres están en condiciones de hacer un mayor esfuerzo para satisfacer las necesidades de sus hijos, lo que rigurosamente debe ser tenido en cuenta cuando se pondera esta posibilidad, manteniéndose los caracteres propios, que entre otros, no puede verse menoscabado el patrimonio del alimentante por el cumplimiento de una obligación que no le es propia, y aunque lo fuera, ese es uno de los principios rectores de la materia (…) no surge la obligación del abuelo, si no se ha demostrado la imposibilidad del progenitor de cumplir con su legal obligación alimentaria, como tampoco de no haberse acreditado que existan circunstancias especiales que hagan necesario ello, -penados, ausentes, enfermedades que le impidan trabajar, domicilio del padre en el exterior, por citar algunos de ellos-”[4] (lo subrayado me pertenece).

Por ello, y como lo sostienen las Dras. Kemelmajer de Carlucci, Herrera y Lloveras: “la solidaridad familiar entre los parientes no puede poner en riesgo la propia subsistencia de la alimentante, más cuando es obvio, por su edad, que ya no puede procurarse por sí misma mayores ingresos (…) está fuera de duda que los menores merecen amparo. Más igualmente necesario es brindar protección a quien ya está en la tercera edad”.[5]

En efecto, situados en el contexto del caso concreto, es que me permito reproducir lo que al respecto manifestó la Dra. María Solange Pizarro –Defensora de Niños, Adolescentes y Personas con Discapacidad Mental-: “se encuentra acreditado que la madre tiene ingresos para mantener adecuadamente a sus hijos y si obligase alimentariamente al abuelo demandado en autos se estaría consumando una injusticia y condenaría al adulto mayor a rondar la indigencia”.

Valga destacar que H. A. es una persona de 81 años que percibe una jubilación exigua y además padece una enfermedad[6] que le impide desempeñar otra actividad que a la vez le permita mejorar su situación económica y capacidad tal para afrontar las necesidades de sus nietos.

A modo de colofón, considero que “la principal obligación de los progenitores en relación a sus hijos es la de prestarles alimentos, ello así porque la crianza y el desarrollo integral de los niños es una de las funciones esenciales a las que estamos llamados los seres humanos, dado que no sólo asegura la continuidad de nuestra especie sino que además nos permite transmitir nuestra cultura y conocimiento a las futuras generaciones, es, en definitiva, lo que nos hace trascender como individuos”[7]; por lo que la peticionante –como bien ordenó el a-quo en su pronunciamiento- debe redoblar sus esfuerzos para procurar que el progenitor cumpla con la prestación alimentaria de sus 4 hijos menores y de su hija adolescente.

En cuanto al agravio que alude a que el sentenciante dictó un fallo infundado, debe ser desestimado.

A mi juicio, la sentencia dictada en autos no carece de motivación.

Es que, “la debida fundamentación (…) encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 3º del CCyCN, en tanto dispone que ‘El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada’ … debe estar anclada al caso concreto”[8]

Además y como bien dice el Dr. Gabriel Eugenio Tavip: “Esta idea no es novedosa, ya que se entronca con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena a los tribunales de familia o que sean competentes en la materia realizar análisis pormenorizados de los casos que son llevados a su resolución, tratando de evitar la aplicación de normas rígidas que se aparten de los principios que las cuestiones del Derecho de Familia intentan solucionar” y luego en la nota al pie agrega: “en varios casos desde el año 2000 y en adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que ‘la misión específica de los tribunales especializados en temas de familia queda totalmente desvirtuada si éstos se limitan a decidir problemas humanos mediante la aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados, desentendiéndose las circunstancias del caso que la ley les manda concretamente valorar’ (CSJN, 15-2-200, 2-8-2005)”.[9]

Así las cosas, entiendo que el Tribunal de origen ha dado el tratamiento legal adecuado a la situación fáctica acreditada en el caso que nos convoca.

En relación a la manifestación de la recurrente, referida a que el fallo violenta la Constitución Nacional y demás acuerdos internacionales con jerarquía constitucional, carece de sustento alguno en razón que en el libelo recursivo no señaló -con la solvencia exigible en esta extraordinaria instancia- otra cosa que un mero desacuerdo con los fundamentos expuestos por el Tribunal sentenciante.

Es que, la sola enunciación de violación a principios constitucionales y de tratados internacionales sin especificar cuáles y cómo es que se verían vulnerados, convierten a la queja en una afirmación dogmática carente de eficacia recursiva.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Dra. Graciela Mabel Garzón, en representación de R. D. Z.

No existiendo motivo alguno para apartarme del principio general de la derrota, las costas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida (Art. 102 del C.P.C.).

Los honorarios profesionales serán regulados de conformidad a la Ley Nº 6.112.

En relación a los estipendios de la Dra. Graciela Mabel Garzón, debe estarse a la regulación de los honorarios mínimos prevista en el Art. 32 in fine (12 UMA) con lo cual corresponde fijarlos en la suma de $8.505, que constituye el setenta por ciento de lo que correspondería a la letrada de la parte vencedora (Arts. 15, 29 y 23 segundo párrafo); importe que devengará intereses desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago, conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; con más el I.V.A., en caso de corresponder.

Los Dres. Sergio Marcelo Jenefes y Clara Aurora De Langhe de Falcone, adhieren al voto que antecede.

Por ello, la Sala I, Civil y Comercial y de Familia, del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

RESUELVE:

1°) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Dra. Graciela Mabel Garzón, en representación R. D. Z.

2º) Imponer las costas a la recurrente vencida.

3°) Regular los honorarios profesionales de la Dra. Graciela Mabel Garzón en la suma de $8.505; importe que devengará intereses desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago, conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; con más el I.V.A., en caso de corresponder.

4º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Notas al pie:

[1] Libro de Acuerdos N° 4, Fº 526/530, N° 121.

[2] Conf. “Ricardo Luis Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Tomo IV, Pág. 441 y 445, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2.015.

[3] Conf. “Ricardo Luis Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Tomo III, Pág. 402, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2.015.

[4] Conf. “Darío Germán Ponte Elgotas”, Parentesco y alimentos: visión jurisprudencial, Pág. 357/358, Ed. DyD, CABA, Año 2.016.

[5] Conf. Tratado de Derecho de Familia, Tomo IV, Pág. 200/2001, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 2.014.

[6] Conf. fs. 28 y 41 del Expte. ppal.

[7] Conf. “Graciela Medina; Eduardo G. Roveda”, Derecho Civil y Comercial: Familia, Pág. 795, Ed. Abeledo Perrot, CABA, 2.017.

[8] Conf. “Cecilia P. Grosman”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Derecho de Familia, Relaciones entre padres e hijos, Pág. 349, Ed. Rubinzal–Culzoni, Santa Fe, 2.016).

[9] Conf. “Cecilia P. Grosman”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Derecho de Familia, Relaciones entre padres e hijos, Pág. 349/350, Ed. Rubinzal–Culzoni, Santa Fe, 2.016.

Firmado: Dra. Beatriz Elizabeth Altamirano; Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone.

Ante mí: Dr. Raúl Cantero – Secretario Relator.

MERB